Una vez más la actuación personal y dictatorial del Señor Ibáñez, Secretario General Federal del Partido Carlista.
Sin el preceptivo acuerdo del Consejo Federal de Dirección, que hace años no convoca, y no en nombre propio sino en nombre del Partido Carlista, presentó ante los Juzgados de Pamplona querella criminal contra David Martínez y Jaime Urriza, ambos militantes de pleno derecho. Sobreseído el procedimiento, fue recurrido por el querellante en reposición y posteriormente ante la Audiencia Provincial de Pamplona -esta en Auto de 22 de abril dictado por su Sección Primera-, acuerda desestimar el recurso y declarar firme la sentencia del Juzgado de Instrucción nº 4 de Pamplona.
Y ahora ¿quién paga las costas del procedimiento? Han sido declaradas de oficio, es decir cada uno las suyas, bien, pero ¿asumimos que sea el Partido el que haga frente al pago que le corresponde como querellante? Sin duda así será pese a lo expuesto anteriormente, un gasto más en cuentas nunca aclaradas ni justificadas.
Pero hay algo más grave, ¿quién restituye el honor de los querellados? De mil maneras y medios durante los últimos años se ha llevado a cabo la difusión de acusaciones hoy aclaradas, sin razón ni consistencia alguna. Para muchos de nosotros, mayor explicación no es necesaria, para otros, seria preciso que por una vez y valientemente el señor Ibáñez asumiera públicamente el error, que, si bien nunca será suficiente, si serviría para que la militancia conociese la realidad del Partido en manos de quienes lo consideran propiedad privada y manipulable.
Todo esto y más, solo puede estar dirigido a un fin; si se consigue la desaparición de la oposición interna, si se silencia o distorsiona la realidad a la que conscientemente se ha llevado al Partido Carlista en los últimos tiempos, pasaremos a ser un recuerdo histórico simplemente, y eso sería una traición no ya a los actuales militantes, sino a miles de ellos que por generaciones han luchado contra las dictaduras y los caciquismos.
