Desnortación

Figúrense, con dos días de diferencia se notifican por los tribunales españoles sendas resoluciones judiciales de una total disparidad, aunque de profundo significado para podernos ubicar en la práctica democrática. Una es la referente al Presidente de la Generalitat de Catalunya, Torra, que es condenado por el Tribunal Supremo a la pérdida de la responsabilidad institucional concedida libremente por el pueblo catalán en ejercicio de las prerrogativas democráticas normales en un estado de la Unión Europea, y otra es la sentencia exculpatoria para los 34 miembros de la cúpula de Bankia, entre los que se encuentran tanto el ya condenado en otra causa, Rato, como el también exministro del PP Acebes.

En este segundo procedimiento se juzgaba la actividad de los miembros pertenecientes a la gestión suprema de dicho banco y que provocaría la ruina de centenares de pequeños inversores y un agujero millonario que solo fue reparado por el Estado en beneficio del propio banco, no de quienes habían confiado en él sus ahorros de toda una vida de trabajo. Ahora, al cabo del tiempo transcurrido, se mantiene la incógnita del fondo del asunto, pero no parece que jamás se llegue a su total esclarecimiento.
El otro asunto mencionado y que casi simultáneamente ha golpeado nuestra mentalidad democrática, es la inhabilitación de Torra mediante una condena que le impide ser considerado legalmente President de la Generalitat de Catalunya. ¿Cuál es el grave motivo de tan dura condena?, pues el haberse posicionado, con pancarta incluida en la fachada del edificio del gobierno catalán, en favor de la libertad de unos presos de conciencia: los condenados en el juicio al “procés”. ¿Legalmente es posible dicha resolución judicial?.
Sí, pero las leyes disponen siempre de un margen de interpretación en su servidumbre a la realidad y situación concreta que en cada momento vive la sociedad a la que la administración de Justicia se debe, y ello lleva implícita la desde la dureza en su lectura a la oportuna benevolencia en su aplicación, y en este caso se ha optado por lo último. Nada ha cambiado. Y nos referimos a la actitud del continuado -al menos desde 1640- poder de destructiva asimilación que, fuera de la evolución de entendimiento y respeto exigibles para cualquier sociedad democrática, mantiene como axioma convivencial el imperio dominador respecto a quien es considerado como mas débil u objeto de mas fácil control.
Esta es la realidad política -nada en un sistema incluso en los que pretenden ser autocalificados como democráticos se escapa a esa realidad permanente en este país- con la que hoy nos hemos de enfrentar. Pero lo que mas nos ha de preocupar es que ni tan siquiera para sus manifestaciones se guarda una apariencia tranquilizadora.
No, como al principio se ha apuntado, simultáneamente se hacen públicas dos resoluciones judiciales tan antagónicas como ilustrativas, en una, frente a la acusación fiscal se absuelve a 34 bancarios sin resolver el fondo del problema del perjuicio económico enorme a centenares de ciudadanos, y en otro cae el peso de la ley sobre alguien que ha expresado pacíficamente, y con el respaldo de buena parte de la ciudadanía, la exigente aplicación de los derechos que una situación de efectiva Libertad lleva consigo.
La Democracia y el derecho de todo pueblo a seguir siendo en Libertad lo que su propio destino le tenga deparado aparecía escrito en un trozo de tela, pero tampoco esa elemental muestra de dignidad ha sido admitida y quien se hizo responsable de su exhibición ha sido condenado sin la menor benevolencia, aunque esta tan solo fuera impuesta por la oportunidad política. E.

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